Desde aquel 1978, cuando el general Banzer resolvió convocar a elecciones generales, dictando una amnistía política general e irrestricta, hasta el año 1982, cuando se entregó el gobierno a la UDP que gano las elecciones de 1980, Bolivia había vivido un proceso político dramático, que costó vidas y sufrimiento social. La recuperación de la democracia fue producto del acuerdo político más importante del siglo XX, cuando el MNRI de Siles Suazo, el PCB con Humberto Ramírez y Ramiro Barrenechea, el MIR con Jaime Paz Zamora, Oscar Eid y Antonio Araníbar, lograron un acuerdo programático que rompiera el ciclo militar iniciado en 1964.
La conformación de la UDP no hubiera sido posible si cada uno de los partidos no estaba dispuesto a sacrificar parte de su ideario político y programático, buscando el fin superior que era derrotar el ciclo militar dictatorial. Esto demuestra que cuando las condiciones exigen renuncias que se pueden hacer para lograr alcanzar el objetivo deseado, los dirigentes tienen que estar a la altura de esas condiciones.
En 1982 se logró aquello. Ahora el 2021 ¿se puede volver a recrear la Unidad Democrática que exige la hora, y vencer al instrumento creado por el narcotráfico, que actúa bajo el telón del encubrimiento para ocultar sus actividades ilegales, que se disfraza de instrumento político y que desconoce y atropella la ley y el orden social?
¿No es este, otra vez, el fin superior que demanda la lucha por la democracia?
Bolivia está atrapada desde el 2005 en una trampa encubierta bajo las formalidades de una democracia que en realidad es una dictadura establecida, ya no por militares, sino por delincuentes organizados por el narcotráfico, que usan las elecciones y el voto para vestirse de democracia, de la cual, apenas asumen el gobierno abjuran y destrozan.
El crimen organizado tiene un alcance transnacional. Viene expandiéndose con absoluta impunidad, desestabilizando gobiernos democráticos. Su centro de gravedad y de consistencia política está en Cuba, alimentada y sostenida por el petróleo venezolano, que dio origen al castro-chavismo, como eje central de lo que luego sería el Foro de Sao Paulo, constituido por: Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, cuyo ideario "político" está conformado por un discurso anticapitalista y antiimperialista, que usan para atraer a organizaciones indigenistas, que instrumentalizan como escudos sociales desde los cuales se imparte la educación de la supremacía racial, herramienta que sirve para la descalificación social, la apropiación económica y la destrucción del Estado de Derecho.
Tal es la dimensión que tiene y sostiene a esta nueva forma de establecer y consolidar la dictadura en la región. Es difícil comprender lo que está en desarrollo si previamente no tenemos en cuenta esto. No estamos confrontado con Evo Morales y su instrumento político, sino con un Cartel transnacional que tiene recursos suficientes para desestabilizar sociedades como la chilena y ahora la peruana, procesos que vienen sucediéndose con fuerza y aceleración.
Recuperar la democracia, ahora, no es tarea de un solo partido o actor político, es tarea de todos, en el ámbito nacional y de todos, también, en el ámbito regional. La última reunión sostenida en la Argentina, con presencia de delegaciones: cubana, venezolana y brasilera, donde estuvieron presentes Evo Morales y Rafael Correa, que decidieron rebautizar el Foro de Sao Paulo con el nombre de RUNASUR, plantea al mundo democrático la urgencia de tomar medidas para frenar en seco este proyecto de transnacionalización reforzada del narcotráfico.
Nunca antes, como ahora, la región y Bolivia, están al borde de perder su libertad, como la perdieron ya Cuba, Venezuela y Nicaragua, en Bolivia se desata un conjunto de leyes que otorgan al órgano Ejecutivo la potestad de acusar, perseguir y criminalizar a la sociedad, en Chile se viene desarrollando el debate de una "nueva constitución" y en el Perú se ha planteado lo mismo, porque necesitan establecer los Estados Plurinacionales donde eliminan la alternancia en el gobierno y asumen el control centralizado de la economía y la sociedad. Es, no cabe duda, la extensión del modelo cubano en toda su expresión.
La responsabilidad de los actores políticos nacionales y regionales está en juego.
