DANTE N. PINO ARCHONDO
Hay una verdad que no se quiere
mirar. Es el fondo de todo. Es la realidad que nos envuelve y que no queremos
sentir. Bolivia es un narco Estado. Gobernado por el instrumento político de los
productores de coca.
El gobierno necesita una ley que
le obligue a perseguir el dinero sucio que proviene de esas fuentes, como requisito
fundamental para obtener créditos de organismos financieros internacionales. La
ley de ganancias ilícitas fue presentada cuatro veces por el entonces ministro
de Economía Luis Arce, actual presidente, y en las cuatro oportunidades fue
rechazada por el MAS. La comisión de Economía y Finanzas de la Cámara de
diputados le dijo, no. En aquel tiempo, el gobierno no estaba desesperado por pedir
dinero prestado, tenía la ubre del gas para ordeñar. Y el contenido de esa ley iba
directamente contra los lazos colaterales de los cocaleros. ¿Qué cambió?
La realidad económica. Las
moléculas de gas son cada vez mas escazas. Se acabaron los tiempos de la
bonanza. Y lo que ayer no era urgente, ahora lo es. A Luis Arce se le está
acercando con mayor velocidad de lo que esperaba, una crisis financiera de proporciones.
Necesita abrir los grifos del crédito externo, porque cada mes que pasa el
déficit que tiene es mayor. Debe pagar sueldos a más de medio millón de funcionarios
públicos que adornan su burocracia, pero que además le sirven como base de
movilización política. Le urge hacer “obras”. Pagar a sus acreedores externos,
mantener a sus empresas públicas que le arrojan pérdidas y que obligan al Banco
Central ha convertirse en el cajero de urgencias, el que otorga crédito por
decreto y al cual se le están chorreando las reservas como el agua entre los
dedos.
La necesidad tiene cara de
hereje, dice el dicho. Bueno ahí tienen al ministro del derroche, aquel que se
endeudaba festejando y ahora como presidente le toca pagar la factura de la
fiesta. Son nada menos que 1.800 millones de dólares de deuda externa anual, que
se le avecina.
Hace catorce años que el gobierno
tiene a su disposición una Asamblea Legislativa que levanta la mano sin leer,
para aprobar sus requerimientos. Lo que llega de la Casa grande del Evo, se
aprueba sin discutir y sin enmendar errores de ortografía. Así fue y así será mientras
el MAS gobierne. Esta cadena de mando es la que permitió que la ley 1386 pase.
Su contenido no fue socializado ni analizado. Quizás si así hubiera sido, los cocaleros
la hubieran rechazado por quinta vez.
Lo cierto es que la ley de ser un
instrumento para controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
pasa a ser la herramienta del control político que le permitirá al gobierno
arrinconar a la oposición política sin importar su nivel. Me explico mejor. Actualmente
es muy difícil poner a disposición de la justicia al gobernador de Santa Cruz
acusándolo de golpista. No funciona. Pero si le aplicasen la ley 1386 la cosa
cambia. Esta ley tiene la virtud de congelarte tus cuentas primero e invitarte
a demostrar que eres inocente después.
Las características de esta norma
legal son de tal fuerza, que solo pueden ser aplicadas en el ámbito de una
administración de justicia proba e independiente. Sin ese requisito esencial,
es un revolver con licencia para matar.
Las organizaciones criminales,
usan la ley, no la aplican. Ejemplos claros están en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El eje del narcotráfico que se conoce es: La Habana, Caracas y el Chapare en
Bolivia. Esto requiere de dominio territorial y en esa jurisdicción el control
judicial es vital.
Por eso el gobierno juega sus
cartas para defender la ley. Uno, porque la necesita para endeudarse y dos,
para ejercer dominio político interno. Si pierde la batalla, habrá perdido la
guerra.
