DANTE NAPOLEÓN PINO ARCHONDO
Es inminente el camino que nos conduce a una crisis económica
con repercusiones sociales de enorme gravedad. La caída de los ingresos por
exportaciones de gas, de 6 mil millones de dólares a algo más de 2 mil
millones, el impacto de esto en la recaudación fiscal y las transferencias de
recursos a los gobiernos subnacionales, universidades, y Fuerzas Armadas en un
efecto dominó, no deja duda de que vamos directo al retorno del infierno del
que salimos en 1985.
Gastar en burocracia estatal el 90 por ciento del producto
que vamos a generar el año 2022, es una barbaridad. Mantener a 526 mil
empleados públicos, gastando 18 millones de dólares/día, es increíble. Seguir
insistiendo en sostener empresas públicas que, en vez de dar utilidades, dan
pérdidas y obligan al sector privado de la economía a mantener esta situación a
costa de mayores impuestos, es demencial. Usar al Banco Central para ser el
prestamista obligado, con el objetivo de llevar a cabo obras de contenido
político, es un suicidio.
Todo esto es un aviso notificado al pueblo boliviano de que
nos llevan hacía el despeñadero. Y como parece que teniendo conciencia de lo
que hacen, lo hacen. No hay forma de pedirles que revisen su política económica.
Ahora bien, si tienen claro el camino al que nos conducen,
resulta que las acciones políticas que han dispuesto son el preaviso de que
preparan levantar un dique político de contención a las protestas que se
avecinan. El dique se construye descabezando a la oposición. De ahí el anuncio
de hacer rodar cabezas con nombre y apellido.
Hay urgencia en el gobierno. Y los tiempos se acaban, a la
misma velocidad del gasto fiscal en burocracia-parasitaria.
Si Bolivia estuviera gobernada por una organización política,
que respeta el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el respeto a la ley, esta
política económica y de represión social, sería muy fácil desactivarla. Pero no
es así. Tenemos a una organización criminal que asume el papel de organización
política, para preservar sus intereses. Controla los poderes del Estado,
incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto le permite
judicializar acciones que son violatorias de la ley, sin ningún control ni fiscalización.
El gobierno de Arce-Morales-Choquehuanca, tiene protección
internacional brindada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, México y Argentina, no es
poco. Con este escudo internacional llevan a cabo las políticas dictadas desde
La Habana sin ninguna discusión. Es pues Cuba el centro ideológico-delincuencial,
el vientre del que nacen los gobiernos populistas conformados en el Foro de Sau
Paulo. Con esta cobertura, el gobierno boliviano gatilla las balas antidemocráticas
y procederá a desactivar el control político de Santa Cruz, Potosí, Tarija y
Cochabamba. Es cuestión de pocos meses.
A la urgencia de contención económica se suma la otra, la de
garantizar el retorno de Evo Morales como una muestra del poder del Foro y de la
expansión a la que apuestan en la región.
La resistencia social democrática boliviana no debe perder de
vista esto. No se enfrentan solo al gobierno, sino a un frente político que
actúa como cartel del crimen organizado y esta realidad obliga a demandar el
apoyo y asistencia de las democracias en el mundo.
