DANTE
NAPOLEÓN PINO ARCHONDO
Hace 17 años
venimos siendo “gobernados” por una organización criminal denominada Movimiento
al Socialismo, Instrumento político por la soberanía de los Pueblos. (MAS IPSP)
Esta afirmación
ha recibido la aceptación de unos pocos ciudadanos y la incomprensión de
muchos, que no miran lo que pasa con objetividad y toman los sucesos diarios
como algo que forma parte de la vida política nacional. Y no debiera ser así.
Según el Código
Penal boliviano, una organización criminal es una asociación organizada de
manera permanente, con reglas de disciplina y control destinada a cometer delitos.
Entre ellos: destrucción o deterioro de bienes y riqueza nacional,
legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico de sustancias controladas.
Todos estos ilícitos han sido cometidos por el MAS. Si hay algo que lo caracteriza,
es que tiene bajo su estructura de mando el control sobre la presidencia del Estado
Plurinacional, ministros de Estado, Asamblea Nacional, Tribunal Electoral,
Contraloría y Procuraduría del Estado, Jueces Magistrados, Tribunal
Constitucional, Fiscal general, Mandos Militares y Policiales.
El MAS es una
actividad que ha logrado reunir en sus tentáculos a los dirigentes de los
sindicatos corporativos de mayor importancia nacional: mineros, petroleros,
gremiales, campesinos, contrabandistas y empresarios nacionales.
Todos ellos
involucrados en la ejecución de tareas que no reconocen el imperio de la ley y actúan
por instrucciones políticas directas de los niveles de Estado.
Analistas
sociales, políticos y periodistas tratan de desvirtuar esta realidad
enmascarando sus reflexiones con argumentos de forma relievando las elecciones
o los poderes del Estado en función formal-operativa, y los cumplimientos con
que se inviste el Poder, como demostración de que existe Estado de Derecho.
Pero si escarbamos
un poco la superficie de la realidad que se nos quiere mostrar, encontramos hechos
que no pueden ser disimulados por mucho barniz que se use, como la violación
sistemática de la Constitución que ellos mismos fabricaron con intervención de
manos extranjeras, a punta de cuartel y con un congreso que se atribuyó
facultades que no tenía, para convertirla en realidad jurídica.
El uso de esa
constitución que dio paso a la reelección presidencial, llevando al MAS hasta
el paroxismo de deformar los derechos humanos, de obligar al Tribunal
Constitucional a legalizarlos y de cometer un fraude electoral, convertido en
golpe de Estado.
¿No es propio
de una mente criminal planificar y ejecutar todo esto?
Desde la
fundación de la república- que nos ha dado ejemplos variados de conductas
políticas atrevidas - nunca hemos tenido este grado de desprecio por la
ciudadanía y su sometimiento.
Perseguir,
encarcelar y denigrar a la persona, negándole sus derechos procesales, como se
hace con la señora Añez, el gobernador Camacho, y ciudadanos que ocuparon
funciones públicas, de manera abierta, cínica y prepotente, es propio de una
organización criminal que ejecuta acciones de manera planificada y dirigida.
El uso de
bienes y recursos del Estado como si fueran propiedad del MAS, sin
fiscalización, evaluación y rendición de cuentas públicas, con los cuales han
expandido la corrupción en las instituciones del Estado de manera exponencial,
significa el golpe más duro que la economía nacional ha soportado desde su
creación.
No es
necesario, para el propósito de esta nota, dar cifras, lo importante es señalar
los hechos: empresas públicas creadas al calor ideológico y no económico, obras
financiadas con crédito externo que no existen, carreteras para expandir el
narcotráfico por áreas reservadas, edificios millonarios para uso político y
regalos suntuosos a dirigentes sindicales.
Mientras nos
mantenemos en los linderos de la pobreza extrema, de la deserción escolar y
universitaria, de la carencia de servicios básicos, de atención a la salud
pública y de la inseguridad ciudadana, hemos retrocedido a la misma situación
de hace veinte años atrás. Agravada por la expansión del narcotráfico, del
control territorial donde el Estado no tiene presencia y que ha devenido en
acciones propias de un Narco Estado que promueve y ejecuta Terrorismo de Estado
para tener a la ciudadanía sumida en el miedo.
Bolivia es
desde hace años considerada como un territorio donde no hay Estado que
garantice la lucha contra el narcotráfico. Nos enteramos a diario sobre
cargamentos de droga, provenientes de Bolivia, por países limítrofes, quienes
han hecho saber que no tienen confianza en la política nacional, para
intercambiar información, por el grado de penetración que tienen los
narcotraficantes en ella.
El presidente
Arce como Morales anteriormente, justifica y protege a sus ministros
involucrados en hechos de corrupción, aún cuando se realizan interpelaciones
que tienen el voto para su destitución no lo hace, en clara muestra de
complicidad con lo actuado.
Si esto no se
tipifica como conducta penal, propia de una organización criminal, ¿Qué podría
ser?
