DANTE NAPOLEON PINO ARCHONDO
Las cosas como son, aunque no nos gusten. Así que voy a decirlas sin pelos en la lengua. Bolivia no vive en un Estado de Derecho, porque no se cumplen los valores y principios que definen a ese Estado y la Democracia. En Bolivia no hay independencia de poderes. La Asamblea Legislativa, la administración de justicia y el control del poder electoral están concentrados en el poder ejecutivo.
Por eso los actos de corrupción ejecutados desde el gobierno, no se fiscalizan, no se juzgan y no se conocen, hasta que algún medio los difunde. En ese momento aparece un manto de impunidad que castiga a los fiscales y jueces que se animen a juzgarlos.
Desde la Asamblea Legislativa no se emiten leyes que mejoren las condiciones de vida sociales, pero si se emiten resoluciones banales y vergonzantes declarando hasta a la dinamita como símbolo de lucha social.
El Tribunal Supremo de Justicia y todo su órgano de administración están podridos hasta la médula de su hueso jurídico. Ni el gobierno, que los usa para su beneficio puede evitar taparse la nariz ante el olor que desprende de ella.
El Tribunal Constitucional es un fantoche descascarado, que ha llegado a declarar constitucional la reelección de Evo Morales sin sentir vergüenza propia, y ha admitido la constitucionalidad del gobierno de la señora Añez, para después decir otra cosa. Con este Tribunal no hay ninguna garantía política para los ciudadanos.
Dicho esto, hay que develar la conducta real que tiene el gobierno frente a la sociedad. Lo primero que resalta es la mentira. Miente cuando dice que no hubo fraude electoral el 2019 y que hubo un golpe de Estado, miente cuando dice que la economía nacional está mejor que nunca y que vivimos en un paraíso que envidian hasta los organismos financieros internacionales. miente cuando dice que las empresas públicas son el pilar del sustento social y oculta el permanente déficit que arrojan y que debe ser sostenido por el crédito del Banco Central. Miente cuando dice que tiene listo el censo de población y vivienda para el año 2022 y luego sin explicar por qué decide postergarlo hasta el 2024.
La mentira oficial es una constante permanente y con ella se producen los actos delincuenciales más importantes en la vida nacional, se encarcela por ejercer el derecho a la protesta, se acallan los medios de comunicación con la coima oficial disfrazada de publicidad, o se los amenaza con compras forzadas mediante el ejercicio de la presión fiscal u normativa que se inventan.
En un Estado dictatorial pasa todo esto, ocurre como si fuera algo normal y se muestra como si fuera democrático.
La demanda cruceña de pedir que se realice un Censo el año 2023 con el fin de establecer cuantos somos y donde estamos, que permita elaborar políticas públicas para atender a la ciudadanía allá donde está, ha tenido como respuesta, la represión, el delito de lesa humanidad de cercar al departamento con el fin de quitarle la provisión de alimentos, y el envió de funcionarios públicos y lumpen social para enfrentar a los ciudadanos que protestan.
Esta clase de respuesta es posible cuando una organización criminal disfrazada de política está en el gobierno. Y en esa condición ejecuta terrorismo de Estado en contra de la ciudadanía, a la que le prohíbe el derecho a la protesta y reclamo por sus necesidades.
En un ámbito político como este, dominado por delincuentes con cargos oficiales, no es posible razonar democráticamente, respetando los valores sociales y principios que dan derechos a la sociedad.
Reclamar derechos consagrados en la ley debía ser algo tan obvio que no tendría que necesitar del reclamo para ser otorgado. Cuando sucede, no hay forma de encubrir la realidad objetiva que vive una sociedad, amordazada, maniatada y sujeta a la voluntad del dictador.
Santa Cruz ya no es el pueblito de la foto simpática del buey y la carreta con el camba cantor, se ha convertido en la región desde la cual Bolivia se alimenta, desarrolla un aparato productivo que no depende de la venta de materias primas no renovables, que tiene una sociedad abierta y pujante para arriesgar su capital económico y humano y esta forma de ser del cruceño es la que atrae al resto de los bolivianos para migrar y ser parte de ese desarrollo social.
Los que no entienden esto, insisten en sujetar la vida del país a la economía primaria de la explotación de recursos naturales no renovables, en agrandar el centralismo político para ejercer el autoritarismo económico y social, y para desconocer la nueva realidad boliviana que ya ha dibujado un nuevo mapa social, de ciudades intermedias y de urbanización progresiva que ha dejado de ser rural, atávica y pasiva.
El gobierno no se equivoca cuando desconoce esto. Al contrario porque sabe muy bien cómo está la situación actúa como lo hace, premeditadamente, con alevosía y ventaja, arremetiendo con la furia ciega propia de la delincuencia demencial que no ve más allá de sus bajas ambiciones.
Por eso no se debe transar con el gobierno. Cuando más reprima, más fuerte se encenderá el fuego de la libertad y los derechos sociales. Cuando más judicialice a los lideres sociales más oprobiosa y corta será su vida, cuando más use la violencia para enfrentar a los bolivianos más pronto pagará esa osadia con su propia existencia.
