EL CRIMEN ORGANIZADO TIENE PLANES

La doctrina socialista concibe al Estado como el instrumento del dominio de la burguesía como clase hegemónica en el poder. Por ello cuando se logra cambiar el contenido de clase del Estado, por la dictadura del proletariado, el Estado da paso a nuevas formas en las relaciones de producción. relaciones que se basan en la eliminación de la propiedad privada y el control central del Estado en la economía. 

Esto cuenta, cuando el proceso tiene este contenido ideológico. Proceso que pasa por varias transformaciones que se hacen al Estado. Se establece un período de transición, para ir desmontando la estructura institucional en la que se asienta la economía, hasta lograr el centralismo económico socialista. 

Es cuando se establecen los Planes de Desarrollo Económico. Es el Estado el que asume la decisión de: qué producir, cómo producir y para quien producir. 

Ahora bien, como Bolivia no está en la órbita de un proceso socialista ortodoxo, como el descrito, sino que se encuentra atrapada en las garras del crimen organizado, cuya característica es disfrazarse como organización política, la famosa Ley de Desarrollo Económico y Social responde a otra clase de intereses. El crimen organizado también necesita centralizar sus decisiones. Es la única manera de tener control sobre sus negocios y la sociedad. Lo que hace el socialismo castro-chavista se debe entender como el resultado del control político - económico y social de una casta criminal que usa la ley como arma de amenaza, coerción y ejecución de todo aquel que no se atenga a su autoridad. No es de su interés planificar el desarrollo social sino de controlarlo.

Por eso no vale la pena debatir la Ley 1407 planteada, en términos jurídicos y académicos. La ley en su contenido anula las autonomías subnacionales y universitarias obligándolas a definir sus planes operativos en el marco del centralismo burocrático del crimen organizado.  Al hacer esto tiene como objetivo usar la ley para decidir a quien le facilitará esos planes y a quien no. 

El abuso tiene ejemplos sobre abundantes: en Cuba, donde toda la producción de bienes y servicios está en manos de la casta castrista que controla todo, en Venezuela donde se ha destruido la propiedad privada y se ha esquilmado a PDVZA hasta corromper todo su esquema institucional, que ha derivado en apropiaciones ilegales de dinero para beneficiar a la casta chavista, en Bolivia, donde se ha utilizado al gas como la herramienta del enriquecimiento ilícito, en proyectos mal concebidos, en obras innecesarias y endeudamientos sospechosos y a la coca y la cocaína protegida y expandida,  para beneficiar a la casta masista. 

El Plan General de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia sancionado como ley el año 2016, solo ha producido empresas públicas deficitarias, canchas de futbol por todo el territorio nacional, hospitales mal construidos, carreteras deficientes y hasta aeropuertos que no tienen rutas, sumado esto a las plantas de: urea, polipropileno y separación de líquidos, que han resultado un fiasco. Miles de millones de dólares derrochados con el fin de acrecentar la imagen del jefe de la droga convertido en presidente. 

El tiempo es el mejor aliado de la verdad. Esperar de un gobierno - que contiene en su seno a personas incompetentes y sin idoneidad para administrar asuntos de Estado - como son los ministros del gabinete actual, resultados eficientes, es un error. Tienen ministros subvaluados para que leyes como esta pasen sin el mínimo estudio o evaluación técnica, jurídica y política. Es la casta masista que responde al eje La Habana - Caracas, de los cuales viene copiando todo lo que ya hizo el castro chavismo y que, por cuyos resultados, no se debe permitir que Bolivia transite.

Es una lucha entre el centralismo delincuencial y las autonomías democráticas. Es una lucha para arrinconar al crimen organizado, para dejarlo sin herramientas legales que le permitan controlar sus áreas de interés. 

EL NARCO ESTADO NECESITA SU LEY

 

DANTE N. PINO ARCHONDO

Hay una verdad que no se quiere mirar. Es el fondo de todo. Es la realidad que nos envuelve y que no queremos sentir. Bolivia es un narco Estado. Gobernado por el instrumento político de los productores de coca.

El gobierno necesita una ley que le obligue a perseguir el dinero sucio que proviene de esas fuentes, como requisito fundamental para obtener créditos de organismos financieros internacionales. La ley de ganancias ilícitas fue presentada cuatro veces por el entonces ministro de Economía Luis Arce, actual presidente, y en las cuatro oportunidades fue rechazada por el MAS. La comisión de Economía y Finanzas de la Cámara de diputados le dijo, no. En aquel tiempo, el gobierno no estaba desesperado por pedir dinero prestado, tenía la ubre del gas para ordeñar. Y el contenido de esa ley iba directamente contra los lazos colaterales de los cocaleros. ¿Qué cambió?

La realidad económica. Las moléculas de gas son cada vez mas escazas. Se acabaron los tiempos de la bonanza. Y lo que ayer no era urgente, ahora lo es. A Luis Arce se le está acercando con mayor velocidad de lo que esperaba, una crisis financiera de proporciones. Necesita abrir los grifos del crédito externo, porque cada mes que pasa el déficit que tiene es mayor. Debe pagar sueldos a más de medio millón de funcionarios públicos que adornan su burocracia, pero que además le sirven como base de movilización política. Le urge hacer “obras”. Pagar a sus acreedores externos, mantener a sus empresas públicas que le arrojan pérdidas y que obligan al Banco Central ha convertirse en el cajero de urgencias, el que otorga crédito por decreto y al cual se le están chorreando las reservas como el agua entre los dedos.

La necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho. Bueno ahí tienen al ministro del derroche, aquel que se endeudaba festejando y ahora como presidente le toca pagar la factura de la fiesta. Son nada menos que 1.800 millones de dólares de deuda externa anual, que se le avecina.

Hace catorce años que el gobierno tiene a su disposición una Asamblea Legislativa que levanta la mano sin leer, para aprobar sus requerimientos. Lo que llega de la Casa grande del Evo, se aprueba sin discutir y sin enmendar errores de ortografía. Así fue y así será mientras el MAS gobierne. Esta cadena de mando es la que permitió que la ley 1386 pase. Su contenido no fue socializado ni analizado. Quizás si así hubiera sido, los cocaleros la hubieran rechazado por quinta vez.

Lo cierto es que la ley de ser un instrumento para controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pasa a ser la herramienta del control político que le permitirá al gobierno arrinconar a la oposición política sin importar su nivel. Me explico mejor. Actualmente es muy difícil poner a disposición de la justicia al gobernador de Santa Cruz acusándolo de golpista. No funciona. Pero si le aplicasen la ley 1386 la cosa cambia. Esta ley tiene la virtud de congelarte tus cuentas primero e invitarte a demostrar que eres inocente después.

Las características de esta norma legal son de tal fuerza, que solo pueden ser aplicadas en el ámbito de una administración de justicia proba e independiente. Sin ese requisito esencial, es un revolver con licencia para matar.

Las organizaciones criminales, usan la ley, no la aplican. Ejemplos claros están en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El eje del narcotráfico que se conoce es: La Habana, Caracas y el Chapare en Bolivia. Esto requiere de dominio territorial y en esa jurisdicción el control judicial es vital.

Por eso el gobierno juega sus cartas para defender la ley. Uno, porque la necesita para endeudarse y dos, para ejercer dominio político interno. Si pierde la batalla, habrá perdido la guerra.

 

 

RUNASUR NUEVO ROSTRO

DANTE NAPOLEON PINO ARCHONDO

Desde aquel 1978, cuando el general Banzer resolvió convocar a elecciones generales, dictando una amnistía política general e irrestricta, hasta el año 1982, cuando se entregó el gobierno a la UDP que gano las elecciones de 1980, Bolivia había vivido un proceso político dramático, que costó vidas y sufrimiento social. La recuperación de la democracia fue producto del acuerdo político más importante del siglo XX, cuando el MNRI de Siles Suazo, el PCB con Humberto Ramírez y Ramiro Barrenechea, el MIR con Jaime Paz Zamora, Oscar Eid y Antonio Araníbar, lograron un acuerdo programático que rompiera el ciclo militar iniciado en 1964.

La conformación de la UDP no hubiera sido posible si cada uno de los partidos no estaba dispuesto a sacrificar parte de su ideario político y programático, buscando el fin superior que era derrotar el ciclo militar dictatorial. Esto demuestra que cuando las condiciones exigen renuncias que se pueden hacer para lograr alcanzar el objetivo deseado, los dirigentes tienen que estar a la altura de esas condiciones.

En 1982 se logró aquello. Ahora el 2021 ¿se puede volver a recrear la Unidad Democrática que exige la hora, y vencer al instrumento creado por el narcotráfico, que actúa bajo el telón del encubrimiento para ocultar sus actividades ilegales, que se disfraza de instrumento político y que desconoce y atropella la ley y el orden social?

¿No es este, otra vez, el fin superior que demanda la lucha por la democracia?

Bolivia está atrapada desde el 2005 en una trampa encubierta bajo las formalidades de una democracia que en realidad es una dictadura establecida, ya no por militares, sino por delincuentes organizados por el narcotráfico, que usan las elecciones y el voto para vestirse de democracia, de la cual, apenas asumen el gobierno abjuran y destrozan.

El crimen organizado tiene un alcance transnacional. Viene expandiéndose con absoluta impunidad, desestabilizando gobiernos democráticos. Su centro de gravedad y de consistencia política está en Cuba, alimentada y sostenida por el petróleo venezolano, que dio origen al castro-chavismo, como eje central de lo que luego sería el Foro de Sao Paulo, constituido por: Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, cuyo ideario "político" está conformado por un discurso anticapitalista y antiimperialista, que usan para atraer a organizaciones indigenistas, que instrumentalizan como escudos sociales desde los cuales se imparte la educación de la supremacía racial, herramienta que sirve para la descalificación social, la apropiación económica y la destrucción del Estado de Derecho.

Tal es la dimensión que tiene y sostiene a esta nueva forma de establecer y consolidar la dictadura en la región. Es difícil comprender lo que está en desarrollo si previamente no tenemos en cuenta esto. No estamos confrontado con Evo Morales y su instrumento político, sino con un Cartel transnacional que tiene recursos suficientes para desestabilizar sociedades como la chilena y ahora la peruana, procesos que vienen sucediéndose con fuerza y aceleración.

Recuperar la democracia, ahora, no es tarea de un solo partido o actor político, es tarea de todos, en el ámbito nacional y de todos, también, en el ámbito regional. La última reunión sostenida en la Argentina, con presencia de delegaciones: cubana, venezolana y brasilera, donde estuvieron presentes Evo Morales y Rafael Correa, que decidieron rebautizar el Foro de Sao Paulo con el nombre de RUNASUR, plantea al mundo democrático la urgencia de tomar medidas para frenar en seco este proyecto de transnacionalización reforzada del narcotráfico. 

Nunca antes, como ahora, la región y Bolivia, están al borde de perder su libertad, como la perdieron ya Cuba, Venezuela y Nicaragua, en Bolivia se desata un conjunto de leyes que otorgan al órgano Ejecutivo la potestad de acusar, perseguir y criminalizar a la sociedad, en Chile se viene desarrollando el debate de una "nueva constitución" y en el Perú se ha planteado lo mismo, porque necesitan establecer los Estados Plurinacionales donde eliminan la alternancia en el gobierno y asumen el control centralizado de la economía y la sociedad. Es, no cabe duda, la extensión del modelo cubano en toda su expresión.

La responsabilidad de los actores políticos nacionales y regionales está en juego. 

EL GOBIERNO DE LOS PEORES

 

DANTE N. PINO ARCHONDO

Si dejas que tus intereses mas caros sean administrados por personas que no están preparadas para hacerlo y no tienen un historial de honestidad, no te quejes luego de que tu patrimonio se pierda.

Es lo que sucede en Bolivia y otros países, donde “el pueblo electoral” decidió convertir en gobierno a “los peores”, lo que se conoce como el gobierno de la oclocracia. No debería, por tanto, extrañar que los resultados de tales administraciones terminen siendo un desastre. Después de un año de gestión, me di a la tarea de conocer al gabinete ministerial del presidente Arce, con el fin de tener alguna idea del porqué no hay resultados y tal parece que no los habrá.

Vean esto:

1.- Cancillería, Gobierno, Defensa y Justicia tiene Abogados cuyo nivel de experiencia va, de haber tenido a las trabajadoras del hogar como clientes, hasta alguna asesoría en la misma Asamblea Legislativa.

2.- Economía e Hidrocarburos a dos economistas que no pasaron de tener uno cargo bancario y otro ser experto en energía, lo que es decir tanto como nada.

3.- Obras públicas, Desarrollo Rural y Minería, 3 ingenieros que lo que hicieron fue ser militantes del MAS u ostentar el calificativo de intercultural.

4.- Presidencia, Educación, Planificación, Desarrollo Productivo, Trabajo y Ambiente tienen a políticos de ambos géneros, cuyo desempeño profesional es haber sido directores de instituciones de medio nivel o ser analistas políticos.

Con este conjunto de personas, ¿usted cree tener un gobierno que pueda dirigir los destinos nacionales?

A esto nos lleva el voto ciego. Que no es otra cosa que el reflejo del grado de educación que tiene una sociedad. Cuando menos educada es más fácil que elija sus pares como gobernantes.

Por esto no hay esperanza de que la situación económica y social vaya a cambiar, y más si tenemos en cuenta que las condiciones de bonanza económica prevalecientes durante 14 años han desaparecido. En momentos de crisis se necesitan gobiernos que tengan la visión clara y los objetivos definidos para tomar las decisiones mas adecuadas y pertinentes.

Si esta es la situación desde el lado oficial, la otra, aquella que está en manos de la oposición, nos arroja resultados que muestran una mediocridad muy acentuada, donde se marcha al paso que dicta el gobierno. Si los peores nos dicen por donde vamos y le hacemos compañía, luego no nos quejemos de los resultados.

 

 

 

EL CRIMEN ORGANIZADO EXIGE SU RETORNO

 

Tanto se dice de todo y tantos opinan sobre el tema que para el ciudadano de carro o de a pie, la ley de “ganancias ilegitimas y financiamiento al terrorismo” se ha convertido en un verdadero “chenko”.

En realidad, es muy simple, si se quiere actuar de buena fe. Debemos tener una ley que establezca con meridana claridad, cuándo un juez y nadie más, puede autorizar la investigación de cuentas bancarias, en los procesos legales abiertos y relacionados con tipos penales que ameritan esa decisión. Así de simple.

Lo que viene haciendo el gobierno es tener una ley, por la cual, se otorga facultades a funcionarios públicos, que no son jueces, para que, ante sospecha o denuncia ellos puedan iniciar una investigación a ciudadanos que no tienen procesos judiciales, eso se llama control político social.

La repulsa ciudadana tiene sentido. Mucho más si el sistema judicial en su totalidad está cuestionado y no goza de la confianza social. En un mundo donde los jueces son soldados del gobierno a su disposición, donde los fiscales son instrumentos baratos de uso higiénico por el gobierno, donde la Policía sirve de soporte activo a la infamia establecida como sistema, la ley más pura y prístina no sirve de nada.

El meollo del asunto está centrado en el origen, composición y ejecución del sistema político que nos gobierna. Desde hace 14 años, tenemos un grupo de personajes relacionados con el crimen organizado, que han constituido un instrumento político como plataforma para desarrollar sus actividades de contenido ilegal y criminal. Si esto no se entiende, es muy difícil explicar lo que viene sucediendo porque se mezcla la ley con el delito, se relativiza la conducta delincuencial y se establecen modelos autoritarios y dictatoriales como factores de representación social que defienden a los pobres contra los ricos, al pueblo contra la oligarquía y a la nación contra el imperialismo.

Esta es la cobertura o escudo protector del que se vale el crimen organizado para perseguir, procesar, encarcelar, exiliar o asesinar. El crimen organizado está sustentado por la producción de la coca y sus derivados. Todo su accionar responde a la necesidad de controlar su proceso de producción, expandir su mercado y establecer condiciones políticas y territoriales que le permitan crecer.

La urgencia con la cual están promoviendo procesos políticos en la región es parte fundamental de este esquema. Cuba como la autoridad intelectual y material junto con Venezuela, conforman lo que se conoce como castro-chavismo, fuente ideológica y económica del crimen organizado. Bolivia, Nicaragua y Perú como satélites estratégicos cuya función es lograr encaramar a sus pares en el gobierno de México, Argentina, Colombia y Ecuador. Como se puede ver, el esquema es enorme y tiene una dimensión geopolítica gravitante en la región.

Con este razonamiento expuesto resulta fácil comprender, la exportación del instrumento político masista hacía el Perú y la Argentina, denunciado en los últimos días. El apoyo indisimulado de los gobiernos de México, Argentina y Bolivia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el llamado de Lula Da Silva desde el Brasil convocando a la defensa del Foro de Sao Paulo, la ofensiva en contra de la permanencia de la OEA, la uniformidad legal en el control político de la sociedad y el fortalecimiento de relaciones internacionales con Irán, China y Rusia.

Se vienen promoviendo acciones “legales” para amnistiar selectivamente a quienes el gobierno considere necesarios, imponer el control político con leyes disfrazadas, consolidar la figura del golpe de Estado en octubre 2019, y proceder al recambio gubernamental y el retorno urgente de Evo Morales al gobierno, para garantizar el proceso de expansión regional. Es que los tiempos y plazos para el retorno de Morales parecen acortarse irremediablemente. Lo cual los está llevando a cometer errores por la prisa con la que desatan demonios por todas partes.

Como dijo Evo Morales: en Bolivia no se discute nada, se ejecuta “la línea” política que se decide en Cuba y Venezuela sin chistar. La instrucción para que se acelere su retorno esta dada y en consecuencia eso es lo que se está haciendo.

 

 

OCTUBRE DEL GAS

DANTE NAPOLEÓN PINO ARCHONDO 

Hace 18 años se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada. La justificación esgrimida por los dirigentes de la subversión fue la acusación contra el gobierno de querer vender el gas a las transnacionales por Chile. Hasta ese año, el gas mantenía una producción suficiente para cubrir los mercados del Brasil, Argentina y el mercado interno. Bolivia vivía del valor de esas exportaciones al que debemos sumar el de los minerales. 

Las proyecciones de las exportaciones de gas en relación a las reservas probadas indicaban la necesidad de establecer modificaciones a la ley de hidrocarburos y los contratos de capitalización, el gobierno así entendía. Por eso el presidente Sánchez de Lozada llevaba a cabo una operación quirúrgica delicada en el plano político y social, por que preveía el uso malintencionado que le daría el MAS y agentes externos que estaban vinculados a proyectos competitivos ubicados en países limítrofes.

En varias reuniones a las que asistí cuando este asunto fue tratado con presencia de Manfred Reyes Villa, el presidente Sánchez de Lozada se veía interesado en compulsar cual era la visión que tenía NFR sobre el proyecto con Pacific LNG que tenía como fin vender gas licuado al mercado norteamericano, con la empresa Sempra, para lo cual estaba llevando a cabo negociaciones que ya tenían un acuerdo básico por 7 mil millones de dólares. 

Este proyecto para cumplir su objetivo, requería la conversión del gas licuado mediante un proceso de licuefacción que necesita un puerto donde realizar esta tarea y colocar el producto en barcos metaneros que lo llevarían hasta el mercado definido. Las empresas, Pacific LNG, Pan American Energy y YPFB conformaban el consorcio de este proyecto.

El puerto mas aconsejable por costos estaba ubicado en suelo chileno en el Puerto de Patillos. A esta ubicación se contrapuso por agentes externos interesados en poner piedras al camino, el Puerto de Ilo en Perú. Así se creó la consigna política de que el gobierno quería vender el gas al imperialismo norteamericano y potenciar a Chile con el gas boliviano.

La insidia que contenía esta acusación pudo más que la comprensión global de los intereses nacionales y como tantas veces en la historia nacional se violentaron esos intereses para conveniencia de las ambiciones externas. El odio hacia todo lo chileno pudo más que la racionalidad nacionalista. 

Las consecuencias históricas de este episodio estamos viviendo, ahora, los bolivianos. Aquellos dirigentes de esas corporaciones sindicales que se ufanan, incluso hoy día, de la hazaña efímera de haber logrado hacer "huir" a los "vende patria" y de haber rescatado de manos de las transnacionales el gas boliviano, tendrían que responder, con la misma efervescencia con la gritan esto, sobre los resultados de su hazaña.

No solo la conquista de los mercados externos (Brasil y Argentina) fue resultado del trabajo de varios gobiernos desde los años sesenta del siglo pasado, sino la comprensión seria y firme de defender los recursos naturales con probidad y objetividad plena. Por eso cuando el año 2005 el MAS ganaba las elecciones generales, con la consigna de nacionalizar el gas, toda la tarea estaba cumplida: producción suficiente, reservas de gas probadas y probables con futuro, mercados consolidados en proceso de expansión, y,  una imagen internacional que colocaban a Bolivia como el eje central de la energía en el continente, todo lo cual daba paso a mayores inversiones en el campo gasífero. 

Este trabajo es el que se tiró por la borda, es el que se destruyó con una saña que solo los enemigos de esos intereses nacionales que dicen defender pueden hacer.

Y no es el imperialismo norteamericano ni las grandes transnacionales los que provocaron la crisis energética que estamos a punto de tener. No se equivoque. Son todas esas organizaciones sociales manejadas desde gobiernos que encarnan el crimen organizado desde Cuba y Venezuela a las que se adhieren, los llamados movimientos sociales, instrumentos por el cambio, etc.  y que no son nada más que herramientas para destruir las riquezas que tenemos. 

Hoy las reservas probadas están en 10 trillones de pies cúbicos de gas, la producción no supera los 45 millones de pies cúbicos, producción que no alcanza para cubrir los contratos de exportación asumidos y el mercado interno, a esto debemos sumar la inevitable importación de gas licuado, diésel y gasolina en volúmenes y valores crecientes a partir del próximo año.

No hubo capitales para explorar nuevos pozos de gas, no se hizo la tarea, porque la "nacionalización infame" que llevó a cabo el gobierno del MAS, se redujo a la explotación intensiva de los pozos, hasta dejarlos secos, sin planificar su renovación, lo que al día de hoy nos deja sin ninguna posibilidad de tener gas dentro de cinco años, con la paradoja de convertirnos de exportadores en importadores de gas. 

Este panorama que está avalado por consultores nacionales de renombre en Bolivia, debía estar en la agenda nacional como una prioridad de urgencia. Y estos resultados merecen el juicio nacional para los que decidieron dejarla librada a su suerte con el gas. Octubre de 2003 sirvió para esto, para que el gas boliviano se haya ido en un mar de dólares que recibieron las corporaciones sindicales y que derrocharon sin piedad. Evo Morales merece el juicio de responsabilidades, junto con el actual presidente Arce por ser los autores directos de este daño económico y social.

UNIDAD EN LA ACCIÓN

 

DANTE N. PINO ARCHONDO

No fueron a defender la whipala. Se movilizaron por billetes. Luego dejaron las whipalas en la basura, y se fueron. Esta es la realidad. El gobierno no convocó a la defensa de la whipala. Usándola de pretexto movilizó a sus forzados militantes a defender la ley de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Fue la contraparte política del paro cívico. Han mostrado desesperación. Evo Morales está llevando a su presidente Arce hacía el proceso de desestabilización. Está ejecutando una política de confrontación. Como hizo en la década del 90. Provocó a los gobiernos de: Paz Zamora, Sánchez de Lozada y Banzer. Quienes vivimos esos años, conocemos la receta. La juventud debe saber que Evo Morales fue el artífice del bloqueo de caminos, de las marchas desde Caracollo, del enfrentamiento asesino y de la victimización constante.

La confrontación permanente logra cansar a la sociedad, logra hartarla de tanto desorden, desesperarla, hacerla sentir indefensa, desorientarla y aterrorizarla hasta llegar a un momento en que prefieran votar por el autor de todo eso, para tener un respiro, un poco de paz. Eso fue lo que sucedió el año 2003.

Un militante comunista dijo: la burguesía se alimenta de pelotudeces democráticas. Y con esa convicción usan las leyes de la democracia para generar conflictos que denominan “la agudización de las contradicciones”. Atacan y se convierten en víctimas.

Hacen esto para desgastar el sistema político, logran destruir la confianza en el sistema y sus conductores. De ahí surgen las permanentes acusaciones a la derecha golpista, vende patria, neoliberal y causante de todos los males que padece “el pueblo”. Y se muestran cómo los únicos que saben lo que tienen que hacer.

Si los demócratas hemos aprendido la lección, si de algo han servido 14 años de destrucción masiva de la institucionalidad, del uso dictatorial del poder político, del derroche más grande y nefasto de la riqueza económica, del desconocimiento y sustitución de la nacionalidad boliviana, por una abstracción plurinacional, donde se quiere imponer una cultura sobre las otras, si de algo puede servir todo esto, es para darnos cuenta de que no podemos caer en lo mismo: la mezquindad política, la vergonzosa atomización de partiditos creados con propósitos electorales y el creer que usar el voto a favor de unos cuantos curules es todo a lo que se puede aspirar.

Se necesita unidad de conducción, base social que se sienta representada por un liderazgo contrapuesto al masismo cocalero, convicción democrática y resolución para ir sin miedo a la batalla política. Esa base social está esperando en la ciudades y provincias de La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Beni y Santa Cruz, al conductor creíble. Es tarea de la actual oposición reunirse y resolver la unidad de acción y la cabeza de conducción. Sin pensar en tiempos electorales. El valor de esta decisión radicaría precisamente en eso, no hay peso electoral que desfiguren los objetivos democráticos y se pueden asumir pasos con la visión democrática que se requiere.